Junto con la transición verde, la digitalización es la máxima prioridad estratégica de este mandato en las instituciones europeas, y ambas están relacionadas con la sostenibilidad del modelo de bienestar y desarrollo europeo. Parlamento, Comisión y Consejo nos hallamos en este momento desarrollando una ambiciosísima agenda regulatoria del fenómeno digital que comporta la actualización de normas ya obsoletas, como la Ley de Servicios Digitales, o la aprobación de todo un nuevo paquete regulatorio que civilice el entorno digital, y al mismo tiempo sirva para asegurar y promover nuestro modelo de desarrollo y derechos en un entorno global (Ley de Mercados Digitales, Ley de Datos…). El Parlamento se halla en este momento debatiendo en su seno la Ley de Inteligencia Artificial, propuesta que la Comisión Europea (CE) presentó el pasado mes de abril. Hasta 5 Comités tienen opinión o competencias exclusivas en alguna de las partes de la norma, y ese trabajo deberá derivar en una propuesta que se traslade a trílogos este mismo año. Así, la Unión Europea (UE) será el primer espacio político del mundo que disponga de una norma que pretende ser omnicomprensiva del fenómeno de la inteligencia artificial (IA).
No hay tiempo que perder, el despliegue masivo de la inteligencia artificial supone un salto tecnológico que provocará (que ya está provocando) cambios muy sustanciales en el mercado laboral, en la relación con los poderes públicos, en las relaciones personales e incluso en nuestra propia vida doméstica. Del mismo modo, su estado de desarrollo comportará diferencias sustanciales en la competitividad global. El reto de la UE es encontrar el justo equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía y el impulso de la inversión, la investigación y la implementación de la IA. Debemos, por un lado, promover sin trabas el desarrollo tecnológico y, por otro, crear un ecosistema de confianza para la tranquilidad de la ciudadanía europea. El objetivo final de la IA sólo puede ser la mejora de nuestras sociedades y de la vida de nuestros ciudadanos.
Todo progreso tecnológico conlleva beneficios y riesgos, era Dworkin el que decía de la ciencia que prometía y amenazaba a la vez…Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de beneficios y/o riesgos a una escala no conocida hasta el momento, teniendo en cuenta su potencialidad intrínseca. La IA es una tecnología que nos llevará a cambios vertiginosos que, de otro modo, llevarían generaciones; afortunadamente, nos proporciona(rá) poderosas herramientas para afrontar mejor los grandes retos de nuestro tiempo: la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la despoblación; e incluso para anticipar futuras pandemias como la del COVID19, que ha puesto contra las cuerdas nuestra capacidad de resistencia como sociedades, y que ahora podemos afrontar mejor acelerando la investigación sobre medicamentos, vacunas y desarrollando aplicaciones de seguimiento de última generación. Pero también, debido asimismo a esa potencialidad, una IA sin control puede provocar riesgos y daños con una dimensión y una rapidez desconocida hasta este momento. Cuando hablamos de regular la inteligencia artificial en Europa, debemos hablar de ética.
Yo mismo tuve el honor de ser el ponente de la primera iniciativa legislativa europea sobre los «Aspectos Éticos de la Inteligencia Artificial, la Robótica y las Tecnologías Conexas», aprobada en octubre de 2020 con un respaldo extraordinario del Pleno del Parlamento, con la intención de indicar a la CE nuestras ideas y posiciones relacionadas con el futuro Reglamento. La Ley de IA 2021 dice inspirarse en la norma que evacuó el Parlamento, pero se queda muy corta en el abordaje de la dimensión ética. La Comisión ha sustituido en gran medida al ciudadano por el mercado en su texto, y eso es algo que debemos corregir en el Parlamento. La Unión Europea quiere y puede ser pionera en el establecimiento legal de un umbral ético que proteja a los ciudadanos europeos de las posibles adversidades que esta evolución tecnológica conlleva, y que proporcione un valor añadido de confianza a la IA europea en el mundo. Un umbral ético coherente con nuestros principios y valores europeos, reflejados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, congruente con nuestro proyecto civilizador. Una legislación inspirada en un enfoque humanista y centrada en el desarrollo tecnológico. Una regulación aplicable tanto a la IA desarrollada en Europa como a la que quiera operar en la Unión, y con el objetivo de convertirse en un marco básico compartido en todo el mundo sobre los requisitos mínimos en el desarrollo y uso de esta tecnología; queremos que ese llamado “efecto Bruselas”, que tan bien funcionó con el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, nos sirva también para globalizar nuestros exigentes estándares regulatorios.
Pero el desarrollo de la IA europea no puede quedarse en los despachos de las instituciones o en los círculos de expertos, debemos democratizar su conocimiento para, precisamente, asegurar que el ser humano es el centro de la ecuación. La planificación del sector no puede tampoco quedar únicamente en manos del mercado. Necesitamos de una participación pública que salvaguarde objetivos más allá de la posible rentabilidad económica, de manera que los aspectos medibles en términos de rentabilidad social sean también objeto de investigación y desarrollo: mejores servicios públicos, responsabilidad social, sostenibilidad medioambiental, igualdad de género…El objetivo es también que el diseño, el desarrollo, el control y la supervisión de este marco regulatorio sea participado por toda la ciudadanía, y especialmente por los individuos y colectivos más implicados o afectados. La propuesta regulatoria que el Parlamento aprobó en 2019, establecía un mandato específico para todos los organismos supervisores europeos y nacionales de suerte que, de forma imprescindible y periódica, contaran con la asistencia y participación de la sociedad civil en el diseño de las principales características del modelo -con especial atención a integrar la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, los sindicatos, o los consumidores-. Pretendíamos no sólo una corresponsabilidad en el cumplimiento y ejecución, sino también su inclusión, de una u otra forma, en el diseño de los mecanismos de gobernanza de todo el sistema. Mi objetivo es recuperar en el texto final provisiones en este sentido.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una materia que a veces se torna gaseosa, una realidad en permanente y rápida evolución, capaz incluso de mejorarse a sí misma (o empeorarse, depende qué valores estén en juego) con cierta autonomía. Debemos ser conscientes de la necesidad de no establecer un marco regulatorio rígido, que no quede obsoleto con la llegada de la siguiente innovación. Asimismo, uno de los principales objetivos de la regulación es sumar masa crítica, evitando la fragmentación del mercado interior digital europeo -cumpliendo además con el sagrado principio de subsidiariedad-. Por ello, el informe aprobado por el Parlamento en 2019 diseñaba un modelo de gobernanza descendente: un organismo europeo de coordinación, capaz de armonizar el desarrollo normativo en toda la Unión y de adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos, y entidades encargadas de administrar y hacer cumplir las normas a nivel nacional. La propuesta de la Comisión del pasado año se queda corta en el diseño, proponiendo un organismo de coordinación de los países miembros a escala europea (copiando el modelo del Reglamento de Protección de Datos, una de los aspectos más mejorables del modelo), y delega todo lo demás a los Estados nacionales. En mi opinión, es necesaria la existencia de una Agencia Europea encargada de asegurar la unidad del modelo, y herramientas suficientes para adaptarse a los cambios con agilidad, evitando la necesidad de sobre regular cada pequeño cambio que genere este entorno tecnológico en constante metamorfosis. Aprovechando el debate sobre la nueva Ley de Datos, y la simbiosis entre IA y datos, ambas normas deberían significar la génesis de una poderosa Agencia que permita cumplir con los objetivos ya mencionados; que sirva también para dar apoyo a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y emprendedores para el cumplimiento de las normas, para extender a la ciudadanía el conocimiento sobre la IA, y que sirva también para la armonización global de los estándares básicos de regulación.
Decía más arriba que hay que incorporar al público general al debate y al conocimiento de las profundas implicaciones de la IA. Una tecnología tan disruptiva tiene que estar sometida a un control democrático; las sociedades en su conjunto tienen que ser conscientes de esta realidad y ser capaces de tomar grandes decisiones sobre los modelos de sociedad que quieren. Por ello, cuando hablamos de la adaptación a este nuevo entorno digital, prefiero hablar de «ilustración digital» antes que de «adquisición de competencias digitales». Creo que, además de la imprescindible formación de capital humano especializado y adaptado al cambio tecnológico, es deber de los poderes públicos hacer asequibles para los ciudadanos las principales características de este proceso, y garantizar un debate público maduro en torno a la IA. En ello está en juego la misma supervivencia de las democracias, teniendo en cuenta que solo hemos acabado de empezar a ver los inquietantes efectos sociales que una aplicación incontrolada de la IA puede tener en algunos ámbitos.
Ibán García del Blanco es diputado en el Parlamento Europeo, coordinador del Grupo de Socialistas y Demócratas Europeos en el Comité Especial de Inteligencia Artificial, ponente de la propuesta legislativa sobre “Aspectos Éticos de la Inteligencia Artificial, la Robótica y las Tecnologías Conexas”, ponente en la sombra de la Ley de Inteligencia Artificial en el Comité de Asuntos Jurídicos.
