Transformar nuestro mundo no es solo el lema de la Agenda 2030, es una necesidad urgente e inaplazable que ha logrado que ciudadanía, empresas y administraciones nos unamos para, entre otros objetivos, frenar la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Y para ello, 2023 puede ser un año decisivo para España con la llegada de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones por los ayuntamientos.
Según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en el mundo respiramos aire altamente contaminado. Los españoles, lejos de ser una excepción, vivimos esta realidad a diario en casi todas nuestras capitales de provincia, donde los datos de calidad del aire directamente incumplen las directrices de la OMS.
Tanto es así, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en diciembre de 2022 por superar los niveles permitidos de dióxido de nitrógeno en Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. Esta situación cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que la ONU prevé que en 2050 el 68% de la población vivirá en grandes urbes, por lo que estos niveles de emisiones seguirían aumentando si no repensamos nuestro actual modelo de movilidad.
Tenemos el reto de redibujar nuestras ciudades para que sean más saludables y sostenibles medioambientalmente. Esta conversación ya está en las agendas institucionales de todo el mundo, pero en España necesitamos consolidar con urgencia nuevas fórmulas que nos permitan desplazarnos de la manera más flexible, eficiente y limpia posible. En la actualidad, las alternativas que están cogiendo más fuerza son la micromovilidad y los vehículos compartidos. Estos modelos de transporte, formados por patinetes, bicicletas y motos eléctricas, están demostrando ser más sostenibles, económicos y ágiles que el tradicional vehículo privado en los entornos urbanos.
Desde Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad compartida e inteligente integrado en Adigital, estamos siendo testigos de cómo ambos servicios están desplazando a los vehículos privados en las ciudades. Incluso hemos observado cómo se está reduciendo la ocupación del espacio público, logrando que un solo vehículo compartido sustituya a entre cinco y siete coches privados.
La movilidad compartida está alineada con la Agenda 2030 y los planes de transición ecológica, y se están consolidando como una forma de desplazamiento más libre, ágil y silenciosa. Este modelo aspira a ser un complemento al transporte público que proporcione a los ciudadanos un ahorro económico y les evite los gastos que conlleva un vehículo propio. Sin embargo, para avanzar con este modelo se necesita el pleno compromiso de las administraciones públicas y reforzar la colaboración público-privada.
En 2023, España tendrá que hacer frente a elecciones autonómicas y locales en mayo, y a las generales en diciembre. Independientemente de los resultados, las ciudades tendrán que tomar decisiones sobre el futuro de su movilidad. El desarrollo sostenible es clave para el futuro de las sociedades y debería estar presente en todos los objetivos institucionales, sin atender a ideologías políticas.
Así, la Nueva Ley de Movilidad debe salir adelante junto a las Zonas de Bajas Emisiones, cuya implantación debe estar alineada con las necesidades reales de los ciudadanos y los retos del siglo XXI. Debe salir adelante asegurando la protección del medio ambiente, el mantenimiento de la cohesión social, la calidad de vida de los ciudadanos y favoreciendo el desarrollo económico y los nuevos modos de movilidad sostenible. Aún estamos a tiempo, y la aprobación de esta nueva legislación ofrece una oportunidad única para alcanzar en nuestras ciudades los estándares de movilidad urbana, flexible y sostenible que nos piden desde Europa.
*César Tello es portavoz de Smart Mobility y director general de Adigital.
