Belén, de 35 años y residente en Valencia, lleva tres años dedicando tiempo y energía a sacar adelante su propio negocio, una start-up que desarrolla productos en el ámbito de la ciberseguridad. Tuvo la idea mientras trabajaba en una gran compañía que se vio afectada por un ciberataque y, con el dinero que tenía ahorrado, decidió emprender por primera vez.
Después de invertir un año combinando su trabajo por cuenta ajena y el desarrollo de su negocio sin tener que pagar la cuota de autónomos gracias a una bonificación de la Seguridad Social para ayudar a fundadores de start-ups en etapas iniciales, lanzó un primer producto al mercado, empezó a facturar con ingresos recurrentes y dejó su trabajo con nómina estable para dedicarse completamente a su proyecto. Además, recibió financiación gracias a un business angel de Miami (EEUU) al que conoció en la última edición de eMerge Americas, el mayor encuentro tecnológico del sur de Estados Unidos. El inversor estadounidense había comenzado a apostar por emprendedores y emprendedoras de España gracias a la eliminación de algunas trabas burocráticas, como la necesidad de tener un Número de Identificación de Extranjeros (NIE).
Cuando llegó el momento de contratar a su primer empleado, pensó en Ángela, una compañera de carrera que llevaba cinco años trabajando para una tecnológica de Silicon Valley (EEUU). Ángela deseaba volver a España, pero no a cualquier precio. Tras varias reuniones por videoconferencia, Belén le dijo que no podía igualar el salario que cobraba, pero la convenció al incluir en su retribución un porcentaje alto de stock options. Desde que firmó el contrato, Ángela puede recibir hasta 50.000 euros anuales en estas opciones sobre acciones sin tener que tributar hasta que tome la decisión de venderlas.
Meses después de la primera contratación, Belén obtuvo financiación de varios fondos de inversión españoles y uno británico. A este último, le atrajo la seguridad jurídica que le proporcionaba el establecimiento de un tratamiento fiscal específico del carried interest, es decir, la retribución obtenida por una gestión exitosa. Este impulso económico permitió a la emprendedora valenciana hacer escalar su empresa y contratar a más trabajadores (una veintena de españoles y diez extranjeros).
Hoy, en el tercer año de vida de la start-up y tras cerrar el ejercicio, Belén ha obtenido beneficios por primera vez y ha pagado un 15 por ciento en el impuesto de sociedades, una rebaja sustancial con respecto al 25 por ciento habitual. Esta medida se aplica a empresas emergentes como la suya durante un máximo de cuatro años.
Aunque la emprendedora todavía asume muchos riesgos, la fiscalidad no es un elemento que le haga pensar en mover la empresa a otro país, el negocio funciona y tiene las ganas y ambición de seguir creciendo. Va a mantener la oficina central en Valencia, pero su idea es abrir sedes en Londres (Reino Unido) y Miami para explorar el mercado internacional.
Esta historia es ficción, pero podría ser una realidad en los próximos meses, cuando se empiecen a aplicar las medidas establecidas en el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, también conocida como Ley de start-ups.
Bonificaciones del 100 por 100 durante tres años en las cuotas de autónomos para fundadores de start-ups que como Belén, protagonista de nuestra historia, combinen un trabajo por cuenta ajena y el lanzamiento de un emprendimiento innovador; la mejora en el tratamiento fiscal de las stock options que supondrán un atractivo para atraer y retener talento, como sucede con Ángela, protagonista secundaria de nuestro relato; o los incentivos fiscales y reducción de trámites burocráticos para business angels y fondos de inversión extranjeros que ayudarán a impulsar la inversión; son algunas de estas medidas que hasta ahora se percibían como muy lejanas, pero que están próximas a ser una realidad una vez entre en vigor la Ley de start-ups.
Hasta ahora, España nunca había tenido un marco regulatorio para las empresas emergentes o startups que desarrollan su trabajo en el ámbito del emprendimiento innovador. Es una de las medidas prioritarias de la Estrategia España Nación Emprendedora, una visión a largo plazo impulsada desde la presidencia del Gobierno de España para transformar las bases productivas de la economía española a través del emprendimiento innovador.
Tras finalizar el periodo de enmiendas el pasado mes de junio, la aprobación de la ley está prevista antes de que acabe este año, puesto que se trata de un hito establecido para el último trimestre de 2022 por el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia en su componente 13.
Una vez entre en vigor, la nueva regulación va a suponer una revolución en cuestiones de inversión y talento. También va a dotar a España de uno de los marcos jurídicos para start-ups más ambiciosos de toda Europa. En definitiva, esta ley va a posicionar a España en el plano internacional como uno de los mejores lugares para emprender.
Queda mucho camino por recorrer, pero la aprobación de Ley de start-ups supondrá un paso de gigante para convertir a nuestro país en una verdadera nación emprendedora en 2030.
*Francisco Polo es Alto Comisionado para España Nación Emprendedora
