Bastaría que un 10% de los 370 billones de dólares de activos financieros bajo gestión en el mundo se dedicaran a la inversión de impacto social y medioambiental para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Naciones Unidas.
Los retos que encaramos en nuestro tiempo y en nuestra sociedad no son cuestiones menores. La lucha contra el colapso ecológico de la Tierra y el apoyo a los grupos de personas más vulnerables, entre otros muchos, exigen de la transformación hacia un nuevo modelo económico en el que se reduzca la desigualdad, en el que los recursos naturales se regeneren y en el que las personas puedan desarrollar todo su potencial y beneficiarse de la prosperidad compartida basada en la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la equidad en el marco de la convivencia entre la iniciativa pública y la privada. Necesitamos un modelo económico centrado no solo en minimizar el daño, sino en generar un impacto positivo a través de la utilización responsable, eficaz y eficiente de los recursos disponibles. Este modelo se llama economía de impacto y todas las personas tenemos un papel que desempeñar en él.
Con estas premisas en mente, un gran número de organizaciones intentamos poner el foco en los desafíos que, como sociedad, afrontaremos en un futuro no muy lejano. No cabe duda de que las directivas europeas, como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, en sus siglas en inglés) y el Plan de Acción Europeo de la Economía Social, están favoreciendo la consolidación de las finanzas sostenibles, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para acercarnos a países de nuestro entorno, como Francia o Portugal, sin ir más lejos. Hoy me gustaría compartir dos reflexiones que nos pueden guiar hacia un modelo de economía de impacto social en España.
En primer lugar, es necesario un incremento sustantivo de recursos financieros privados hacia organizaciones, fundaciones, emprendedores y proveedores sociales de la economía social. Según el estudio La inversión de impacto en España en 2021, los fondos de capital privado de impacto suponen 435,8 millones de euros (el 18% del total). En el último año han aparecido nuevos vehículos y sus activos bajo gestión han crecido un 33%, multiplicando prácticamente por cinco la cifra de tres años antes (92 millones de euros en 2018). Con 1.637,7 millones de euros (el 68% del total), la banca ética y social sigue siendo el segmento con mayor volumen, aunque el crecimiento ha sido menor (del 10%) porque es un sector más maduro. Por su parte, las fundaciones siguen desempeñando un rol destacado, con 229,9 millones de euros (otro 10% del total).
Y, en segundo lugar, todos confluimos en la extraordinaria relevancia que adquiere el rol de la Administración Pública, que debe fomentar los tres instrumentos de colaboración público–privada que venimos solicitando:
- La financiación combinada: más conocida como blended finance, aparece por primera vez en la década de 1990 en países en desarrollo y mercados emergentes como catalizador de la inversión en sectores tradicionalmente ignorados por el sector privado. Se trata pues de cubrir una necesidad de financiación no atendida por el mercado, con el fin de generar impacto positivo para un colectivo desfavorecido o para el planeta, que justifique el uso de capital catalítico para atraer financiación comercial, pues aquel es limitado.
- Los Contratos Por Resultados (CPR): son aquellos cuyos pagos están vinculados a alcanzar unos resultados sociales y/o medioambientales determinados y acordados de antemano entre las partes contratada y contratante. Esto permite una transferencia de riesgo total o parcial de la Administración Pública, como parte contratante, hacia el proveedor de servicios sociales, como parte contratada. Un tipo de CPR es el llamado Contrato de Impacto Social (CIS), en el cual un inversoradelanta el capital de trabajo y/o capital de riesgo al proveedor social a cambio de un retorno que varía con el nivel de resultados sociales alcanzado, asumiendo así el riesgo de que la intervención no alcance la totalidad o parte de los resultados acordados y, por tanto, que el proveedor social no reciba el pago íntegro por el servicio o reciba tan solo una parte.
- Y los fondos de pensiones o de inversión solidarios 90/10: permiten canalizar el ahorro de los trabajadores hacia inversiones en empresas sociales. En Francia, vigente desde 2008, las empresas con más de 50 empleados están obligadas a ofrecer a su plantilla, además de los esquemas convencionales de ahorro, un plan de empleo solidario opcional que asigna entre el 5% y 10% de sus activos a empresas sociales que no estén cotizadas. El restante 90% a 95% es invertido en empresas cotizadas en bolsa siguiendo una estrategia de inversión socialmente responsable (ISR) y acordes a los artículos 8º y 9º de la SFDR.
En esencia, queda mucho por legislar, innovar y, por tanto, liderar desde las Administraciones Públicas en España para alcanzar el ritmo de compromiso público por el impacto social de nuestros homólogos europeos. Los años próximos serán esenciales en la consolidación de la inversión de impacto y su extensión a la economía real, y desde las instituciones y plataformas privadas nos aseguraremos de extender una mano a las Administraciones Públicas para hacerlo posible.
*Íñigo Alli es miembro independiente del Consejo Asesor SpainNAB.
