Meta paga para evitar el veredicto: ¿la protección de los menores tiene un precio?

El 26 de agosto, Meta acordó pagar hasta 16.680 millones de dólares y aplicar en Facebook e Instagram nuevas salvaguardas para los adolescentes en todo el país, entre ellas límites diarios de uso y bloqueos nocturnos

«Deja ya el móvil»

Probablemente sea una de las frases más repetidas hoy en cualquier casa con adolescentes. A veces adopta versiones algo más sofisticadas: «llevas toda la tarde con Instagram», «apaga eso y haz algo de provecho», «no puedes estar cinco minutos sin mirar el teléfono». Cambian las palabras, pero la lógica suele ser la misma. Hay una persona delante de una pantalla y corresponde a esa persona -o, si todavía es menor, a sus padres- ejercer suficiente autocontrol para apartarse de ella.

Durante años hemos pensado nuestra relación con las redes sociales de esa manera. Si las utilizábamos demasiado, debíamos aprender a utilizarlas menos: configurar un temporizador, silenciar las notificaciones, dejar el teléfono fuera del dormitorio. La pantalla estaba delante de nosotros y el dedo que seguía deslizando era nuestro. Parecía bastante evidente dónde se encontraba la responsabilidad. El juicio iniciado el 18 de agosto en Oakland (California) contra Meta formuló la pregunta desde el otro lado de la pantalla. Ocho días después, un acuerdo evitó que el proceso llegara a sentencia, pero convirtió aquella pregunta en obligaciones concretas para la compañía.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezaron un proceso que reunía reclamaciones de 29 estados, casi el 60 % de Estados Unidos. Los cuatro sostenían que Meta diseñó deliberadamente Instagram y Facebook para fomentar un uso compulsivo entre niños y adolescentes y engañó al público sobre sus riesgos. Los 29 la acusaban además de recopilar datos personales de menores sin avisar ni obtener el consentimiento de sus padres y de utilizarlos para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa. La discusión prometía dejar de limitarse a quién usa demasiado una plataforma y alcanza a quienes deciden cómo funciona. Meta negó haber actuado mal y defendió las protecciones que lleva años desarrollando para los jóvenes.

El 26 de agosto, Meta acordó pagar hasta 16.680 millones de dólares y aplicar en Facebook e Instagram nuevas salvaguardas para los adolescentes en todo el país, entre ellas límites diarios de uso y bloqueos nocturnos. La cifra queda muy por debajo de los 1,4 billones que la compañía presentó como exposición máxima y de los cerca de 200.000 millones sugeridos por los estados. Meta no admitió responsabilidad y el pacto resuelve este proceso federal, no los miles de litigios que la empresa y otras plataformas aún afrontan.

A diferencia de escándalos como Cambridge Analytica, este caso no giraba solo alrededor de una práctica que pudiera aislarse. Una parte central cuestionaba el propio diseño del producto: no solo qué ocurre en Instagram o Facebook, sino cómo están construidos para que los utilicemos de una determinada manera. El scroll que no termina. El vídeo que comienza solo. La notificación que reclama nuestra vuelta. Los «me gusta». El contador de seguidores. El algoritmo que aprende a identificar los contenidos capaces de retener nuestra atención durante más tiempo. Funciones que durante años parecían simples características del producto han quedado sometidas a examen como decisiones de diseño que condicionan nuestra forma de usar la plataforma.

Durante los cuatro días de juicio ocupó un lugar central una pregunta: cuánto sabía Meta sobre los efectos de sus productos en los menores y qué hizo después con ese conocimiento.

La vicefiscal general Megan O’Neill sostuvo que los documentos internos demostrarían que la compañía conocía la especial sensibilidad de los adolescentes a las recompensas y a la aprobación social. También acusó a Meta de haber limitado determinadas investigaciones sobre salud mental. El acuerdo no convierte esas alegaciones en hechos probados: Meta las niega y no habrá un veredicto que determine hasta dónde habría aceptado el tribunal la versión de cada parte. Pero el cierre anticipado tampoco borra la pregunta que organizó el proceso: desplazar la mirada del comportamiento de los niños al comportamiento de la compañía.

Buena parte de este debate se concentra en una función aparentemente simple: el scroll infinito. Su particularidad no consiste simplemente en ofrecernos contenido inabarcable. Una biblioteca también contiene más libros de los que podríamos leer en una vida, pero nos obliga constantemente a volver a elegir. Terminamos una página. Cerramos un libro. Llegamos al final de un capítulo. Incluso la televisión tradicional colocaba créditos entre un programa y el siguiente. Eran pequeñas interrupciones que rompían la continuidad y nos devolvían, aunque fuera por un instante, la posibilidad de decidir si queríamos seguir.

El scroll infinito ha eliminado buena parte de esos puntos de salida. No hay última publicación ni página siguiente. El siguiente contenido aparece antes incluso de que tengamos que preguntarnos si queremos verlo. Se produce así una inversión que no tiene nada de trivial: continuar se convierte en la opción por defecto; parar es la decisión que exige una acción consciente.

Las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine incluyen características como el auto-scroll, las notificaciones, la gamificación y las métricas públicas entre las formas de diseño persuasivo capaces de prolongar la interacción. Su informe sobre redes sociales y salud adolescente recuerda además que estas herramientas no pueden analizarse al margen del modelo económico de las plataformas: en un negocio financiado fundamentalmente mediante publicidad, aumentar el tiempo de permanencia tiene valor.

El diseño no obliga a nadie a seguir desplazando el dedo, pero sí determina cuántas veces tiene que ejercer autocontrol para dejar de hacerlo. Una plataforma que introduce una pausa periódica y otra que ofrece una corriente ininterrumpida pueden mostrar exactamente los mismos contenidos y aun así exigir esfuerzos muy distintos a quien pretende abandonarlas.

La investigación empieza a medir esa diferencia. Un estudio presentado en CHI en 2022 utilizó el concepto de normative dissociation para describir cómo nos hemos acostumbrado a seguir desplazándonos con menor conciencia del tiempo y de la propia actividad. Los investigadores comprobaron además que introducir determinadas interrupciones podía reducir esa sensación de uso automático. Otro experimento, publicado en 2024, comparó el scroll infinito con una interfaz que obligaba a realizar una pequeña acción antes de acceder al siguiente contenido: los participantes recordaban significativamente mejor aquello que habían visto cuando existía esa fricción, aunque la mayoría encontraba la experiencia más frustrante.

Y ahí empieza a asomar el coste de eliminar toda fricción. Hemos aprendido a identificar una buena interfaz con aquella que elimina obstáculos: menos clics, menos esperas, menos decisiones. En muchas ocasiones eso mejora realmente nuestra experiencia. Nadie añora rellenar cinco formularios para comprar un billete de tren. Pero eliminar fricción no siempre equivale a aumentar nuestra autonomía. A veces significa también hacer desaparecer el momento en el que teníamos que volver a preguntarnos si queríamos continuar.

Un estudio publicado este año en NeuroImage añade una pista desde la neurociencia. Los investigadores observaron a 56 adultos jóvenes mientras veían vídeos cortos y comprobaron que, cuando consumían hasta el final aquellos que más les interesaban, disminuía significativamente la actividad en dos regiones vinculadas al control cognitivo: la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral.

Los autores interpretan esa reducción no como una pérdida de capacidad, sino como el paso hacia un procesamiento más automático, de bajo esfuerzo e inmersivo: cuando el contenido nos absorbe, disminuye la necesidad de monitorizar constantemente si debemos cambiar de actividad. Ese mecanismo resulta sugerente aplicado a una plataforma que, además, elimina los puntos naturales de parada.

El estudio no demuestra que los vídeos cortos deterioren el autocontrol, no analiza a menores y tampoco permite establecer efectos a largo plazo. Los propios investigadores reclaman estudios longitudinales y muestras más diversas antes de generalizar sus resultados.

La evidencia, en realidad, es bastante menos cómoda que el titular «Instagram provoca depresión». Buena parte de los estudios disponibles muestran asociaciones, pero siguen existiendo dificultades para establecer relaciones causales claras entre su uso y determinados problemas de salud mental.

Ni siquiera hace falta demostrar que Instagram causa la crisis de salud mental adolescente para preguntarse si determinadas decisiones de diseño prolongan usos que el propio usuario no había decidido conscientemente mantener.

El juicio de Oakland llevó esa pregunta a un terreno muy concreto. O’Neill sostuvo ante el jurado que una de las herramientas de límite diario de Meta podía descartarse fácilmente y que, según una gráfica presentada por la acusación y recogida por la BBC, solo el 0,05 % de los usuarios la había adoptado de forma efectiva y había dejado la aplicación. La fiscalía utilizó el dato para defender que algunas protecciones servían más como señal de seguridad que como límite real al uso. Un día antes del acuerdo, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, reconoció que el porcentaje de adolescentes que utilizaba la función Take a Break se mantuvo en un dígito bajo hasta que pasó a activarse por defecto en 2024, aunque negó que Meta hubiera retrasado deliberadamente ese cambio.

La fiscalía insistió en que no es lo mismo ofrecer un control que diseñarlo para que funcione. Una advertencia que puede eliminarse con un toque permite afirmar que existe una herramienta de bienestar digital. Otra cosa es que introduzca suficiente fricción para modificar el comportamiento que pretende limitar. Si sabemos que los avisos pueden ignorarse casi automáticamente, la pregunta deja de ser si la función existe y pasa a ser cómo está diseñada. Meta alegó que una plataforma tampoco debería interrumpir constantemente al usuario. Añadir fricción puede frenar usos automáticos, pero también empeorar la experiencia. Una interfaz que nos pregunta cada diez minutos si queremos continuar puede ser útil para algunas personas y molesta para otras. El acuerdo no determina dónde debe colocarse cada pausa, pero hace recaer sobre las plataformas una parte de esa decisión.

Y resulta llamativo que algunos de quienes mejor conocen cómo se construyen estas tecnologías parezcan aplicar un criterio bastante más restrictivo cuando se trata de sus propios hijos. Mark Zuckerberg lleva tiempo defendiendo limitar el tiempo que los suyos pasan frente a las pantallas; Peter Thiel ha contado que, cuando sus hijos tenían tres y cinco años, restringía su uso a una hora y media a la semana; y Evan Spiegel, fundador de Snapchat, ha descrito reglas similares en casa.

Todas estas decisiones privadas no demuestran que las redes sociales sean perjudiciales. Pero sí muestran que, al menos en algunos hogares de Silicon Valley, la precaución es considerablemente mayor cuando se trata de los propios hijos. Peter Thiel llegó a reconocer que muchos padres del sector actuaban de manera parecida y que aquello planteaba, en sus propias palabras, algunas preguntas.

Esa diferencia entre lo que estos magnates tecnológicos ofrecen al público y las reglas que aplican en casa devuelve la discusión a la arquitectura de las plataformas. Si quienes mejor las conocen prefieren imponer límites de antemano, cabe plantearse cuánto queremos dejar en manos del autocontrol. Hacer que continuar sea automático es una elección. Introducir pausas que nos obliguen a decidir también lo es. El acuerdo ofrece una primera respuesta: al menos para los adolescentes, el diseño de Facebook e Instagram incorporará límites diarios y restricciones nocturnas en lugar de descansar únicamente sobre las recomendaciones dirigidas a las familias.

Ese desplazamiento de la responsabilidad ayuda a entender por qué el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, comparó el caso con los litigios contra las tabacaleras de los años noventa. La analogía adquirió una dimensión adicional cuando el proceso terminó en un pacto que combina miles de millones de dólares con cambios en el producto. Instagram no es un cigarrillo y las redes sociales también proporcionan amistad, información, entretenimiento y comunidad. El paralelismo interesa por otra razón: obliga a mirar no solo la conducta del consumidor, sino también qué sabía la empresa, qué incentivos tenía y cómo diseñó su producto.

En otros ámbitos aceptamos que responsabilidad individual y diseño seguro puedan coexistir. Pedimos al conductor que preste atención y al fabricante que instale cinturones y airbags. Esperamos que una persona mire por dónde camina y aun así colocamos barandillas en las escaleras. La obligación personal no elimina la responsabilidad de quien construye el entorno.

El dilema digital nos obliga a repartir esa responsabilidad de una forma parecida.

Una parte seguirá perteneciendo a los usuarios. Otra a las familias. Otra a los gobiernos. Otra a las escuelas y a la alfabetización digital. Pero durante demasiado tiempo dejamos casi fuera de ese reparto a quienes deciden cómo funciona el producto, qué aparece por defecto, cuándo recibimos una notificación, dónde termina una sesión y qué ocurre cuando intentamos marcharnos.

El acuerdo de Oakland impone límites a Meta, pero también le concede algo decisivo: evita que el juicio llegue hasta el final. No habrá un veredicto sobre su responsabilidad ni un examen completo, ante el tribunal y la opinión pública, de cuánto sabía la compañía y qué decisiones tomó con ese conocimiento. Los estados obtienen dinero y cambios en el producto; Meta consigue cerrar el proceso sin admitir haber actuado mal.

Los 16.680 millones de dólares pueden parecer una sanción formidable. Para una empresa capaz de asumir esa cifra, también pueden convertirse en el precio de evitar que la rendición de cuentas alcance una declaración judicial de responsabilidad. El producto incorpora algunas barreras, mientras permanece intacto el modelo económico que recompensa cada minuto adicional de atención. El capitalismo no necesita demostrar que Meta tenía razón: le basta con convertir la responsabilidad en una partida negociable.

Seguiremos diciéndoles a los adolescentes que dejen el móvil. Esta vez, David logró que Goliat pagara y cambiara algunas reglas, pero no que entregara la armadura. El siguiente desafío es poner a estas compañías ante un espejo que no puedan apagar: abrir la caja negra de sus plataformas, exponer las decisiones que convierten la atención de los menores en negocio e impedir que el dinero vuelva a cerrar un juicio antes de que rindan cuentas.