¿Has pensado alguna vez en cómo usan las redes sociales las personas con discapacidad intelectual o en cómo consumen videojuegos las que tienen dificultades de comprensión? El mundo es digital. Desde que nos levantamos hacemos uso de la tecnología. Miramos los mensajes, apagamos la alarma, leemos el periódico, subimos o bajamos el aire acondicionado, consultamos nuestros correos electrónicos o nuestro saldo en el banco… La tecnología nos acompaña las 24 horas del día. ¿Qué pasaría si, de un día para otro, perdiéramos la capacidad de utilizar todos esos dispositivos y aplicaciones que nos facilitan la vida? Nos sentiríamos, sin duda, excluidos. Hablamos de la brecha digital, ese muro que aleja a millones de ciudadanos de acceder a derechos básicos.
Plena inclusión, la mayor organización española de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, calcula que el 1,5% de la población de nuestro país tiene algún tipo de dificultad de para comprender la realidad en la que vive, lo que equivale más de 700.000 ciudadanos. Esta cifra incluye a 350.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a las que hay que sumar las personas mayores con deterioro cognitivo, además de las que presentan otras discapacidades (visuales, físicas, auditivas…). Es decir, hablamos de un volumen de población de millones de personas para las que la tecnología es un coto vedado, un club elitista al que no pueden acceder.
En 2022, solo una de cada tres personas con discapacidad intelectual (30%) en España usaba Internet regularmente frente al 84% de la población general, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia del Instituto Nacional de Estadística. Además, el 70% de las personas con discapacidad cognitiva encuentra dificultad en el uso de la tecnología. Para abordar este reto, Plena inclusión España está haciendo un llamamiento a las grandes empresas tecnológicas a unirse en torno a una gran Alianza Tecnológica por la Inclusión para convencerlas del beneficio social y económico que conllevaría crear desarrollos y dispositivos que contemplen la accesibilidad cognitiva desde el inicio, desde la primera concepción del producto.
En definitiva, la alianza propone una ‘revolución de lo fácil’, porque hacer que las cosas sean más sencillas para todas las personas es justo, urgente y una cuestión de compromiso. Cristina Paredero, una mujer autista, apunta que necesita accesibilidad cognitiva y sensorial para evitar, por ejemplo, la hipersensibilidad. Defiende la necesidad de que los programas, dispositivos y aplicaciones cuenten con “validadores específicos” con discapacidad para conseguir la inclusión real, una medida por la que apostaron todas las empresas asistentes al primer encuentro de la Alianza, celebrado a finales de octubre.
La Alianza Tecnológica por la Inclusión ya ha dado sus primeros pasos y cuenta con el respaldo de empresas como Fundación Telefónica, BBVA, SAP, AEB, Samsung, Inetum, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Globant, IE University, Alcad, NTT Data e Hiberus. El próximo 13 de diciembre, Plena inclusión España presentará este proyecto, que persigue convertir la tecnología en un aliado para la autonomía y la vida plena de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Estudios realizados por la Comisión Europea muestran que mejorar la accesibilidad podría incrementar el PIB de la Unión Europea en unos 2.000 millones de euros anuales a través del aumento de la participación en el mercado laboral y el gasto de consumidores con discapacidad. Responsables tecnológicos de algunas de las empresas que ya se han sumado a este movimiento destacan que, aunque lograr una tecnología más fácil es una cuestión de compromiso social, también abre las puertas a un importante nicho de mercado.
El director del Área de Acción Social y Voluntariado de la Fundación Telefónica, Carlos Palacios, afirma: “Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a usar la tecnología de una manera segura, justa, inclusiva, saludable y ética. Y con medidas de protección, especialmente en el colectivo con discapacidad intelectual, porque se enfrentan a otros riesgos. Las empresas tienen que escuchar en primer lugar, darse cuenta de que el mundo es diverso. También entender que es un clúster de negocio como otro cualquiera”.
“Para desarrollar una tecnología inclusiva lo primero que nos hace falta es ser conscientes de que no es inclusiva, la voluntad de cambiarlo y sobre todo el dinero para hacerlo”, sostiene Antón Madruga, responsable de Diversidad e Inclusión en NTT Data. Apunta la necesidad de adoptar las nuevas tecnologías como una oportunidad. “Ahora viene la inteligencia artificial, tenemos que hacer a la inteligencia artificial aliada de la accesibilidad, por ejemplo, cuando tenemos que leer algunas páginas o lenguajes complicados y tenemos que simplificarlos, la inteligencia va a poder hacerlo”, subraya.
Por su parte, la mánager Corporate Citizenship & Public Affairs de Samsung, Elena Díaz-Alejo, coincide con Palacios en la importancia de “ponerse en el lugar del otro para conocer las dificultades que puede encontrar una persona con discapacidad”. Además, destaca que “adaptar un dispositivo desde el principio también permite que las personas con discapacidad no se vean abocadas a adquirir productos específicos, que pueden resultar más caros”. “El mismo dispositivo tiene que ser útil para todos y todas, es lo más beneficioso y lo más económico también”, añade.
“Esta alianza es una oportunidad para garantizar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a derechos básicos, porque la tecnología es la llave que facilita el disfrute de todos ellos”, asegura Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
La Alianza de Empresas Tecnológicas por la Inclusión será presentada al público el próximo 13 de diciembre y está abierta a la incorporación de todas las compañías comprometidas con dar un paso adelante para frenar la brecha digital que discrimina a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La iniciativa forma parte del proyecto Transformación Digital por la Inclusión (TDI), financiado por la Unión Europea con Fondos Next Generation, enmarcado en el Plan de Recuperación y Resiliencia, coordinado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
