En 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en una resolución que detener, dificultar o impedir el acceso a Internet sería considerado una violación de los derechos humanos. Al reconocer su “naturaleza mundial y abierta como una fuerza impulsora para el desarrollo en todas sus formas”, la ONU estableció que aquellos excluidos de la conexión a internet estarían condenados al estancamiento, la incomunicación y el aislamiento.
El acceso a Internet se presentó como un derecho humano inalienable fundamental para el ejercicio de otros derechos y la lucha contra la desigualdad. Aunque esta resolución no es vinculante, representó un avance significativo al instar a los países a facilitar el acceso a la red a sus ciudadanos y condenar a aquellos que limitaran esta libertad. ¿Se debería impulsar una iniciativa similar respecto de la Inteligencia Artificial? ¿Podría ser consagrada como un derecho fundamental?
Hay logros que implican desafíos y riesgos. Hay invenciones que marcan hitos. Hay conexiones que acortan distancias y transforman la sociedad, y hay eventos que cambian el rumbo de la historia. La creación de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los acontecimientos más impactantes y trascendentales de nuestros tiempos.
Desde la invención de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), vivimos en una nueva Era de la Información caracterizada por el desarrollo de la comunicación y la transmisión de información. No obstante, la irrupción de modelos de lenguaje como el que usa ChatGPT y otras formas de inteligencia artificial marca el inicio de una nueva etapa, llena de desafíos, oportunidades y también riesgos si no se promueven buenas prácticas.
Si las TIC conectaron regiones y aceleraron los flujos de capital, migración, cultura y ciencia, la inteligencia artificial ha supuesto una explosión de nuevos contenidos y aplicaciones, con un impacto sin precedentes, en áreas como la educación, la salud, la justicia, la industria, el empleo y el ocio. En resumen, afectará a todos los aspectos de nuestras vidas.
Un hecho fundamental es que la inteligencia artificial puede convertirse en una extensión de nuestra inteligencia individual. A lo largo de la historia, primero los animales domesticados y luego las máquinas se convirtieron en extensiones de nuestras capacidades físicas: nos permiten movernos más rápido, transportar o levantar más peso, ver lo distante o lo microscópico, volar e incluso respirar bajo el agua o en el espacio. Hasta ahora, nada similar ha existido para potenciar nuestras capacidades mentales, algo que es cada vez más necesario en un mundo inundado de información. La inteligencia artificial puede, precisamente, aumentar nuestra propia inteligencia, mejorando nuestra capacidad de procesar información, cada vez más abundante y compleja. Por primera vez en la historia, tenemos la oportunidad de incrementar nuestra inteligencia más allá de los límites biológicos.
En este contexto, algunos argumentamos que, en un mundo cada vez más digitalizado, el acceso equitativo a la inteligencia artificial debería considerarse un derecho humano fundamental. Este acceso garantizaría la igualdad de oportunidades para que todas las personas se beneficien de sus avances. Así como con el acceso a Internet, quienes no tengan acceso a la inteligencia artificial verán obstaculizado el progreso y desarrollo de su entorno.
Han surgido numerosos debates sobre modelos de lenguaje como GPT-4 (el modelo detrás de la aplicación conocida como ChatGPT): cómo regularlos, cuáles son o deben ser sus límites y hasta qué punto entran en juego la ética y la moralidad. Si la inteligencia artificial se reconociera como un derecho fundamental en España y Europa, estos debates podrían resolverse y canalizarse de manera más sencilla.
Contrariamente, la situación actual es justamente la contraria. Con la reciente aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea a principios de agosto, están surgiendo voces críticas como la del ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien denuncia los riesgos de dictar prácticas comerciales específicas “ex ante” para evitar posibles riesgos “ex post”. Según Draghi, que ha liderado un voluminoso informe sobre recomendaciones para hacer de Europa un bloque más competitivo, esto está contribuyendo a ampliar la brecha tecnológica con Estados Unidos y China, y sostiene que es necesario un cambio radical en Europa para crecer, ser más productivos y preservar nuestros valores de equidad e inclusión social. Coincido con Draghi y opino que esta ley solo está sirviendo para impedir o retrasar el acceso a la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea. Por eso, si, en última instancia, el Estado garantiza servicios como el alumbrado público y el servicio postal hasta para el último habitante de un pueblo en España vaciada, también debería hacer lo propio con el acceso a Internet y a la inteligencia artificial. Ver una película en un servicio de streaming no es un derecho humano, pero tener las mismas oportunidades de acceso a la inteligencia artificial que otros ciudadanos sí lo debería ser.
Nicholas Negroponte, fundador y director del MIT Media Lab (el laboratorio de diseño y nuevos medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT) ya advertía en los años ochenta que solo «One Laptop per Child» garantizaría un acceso equitativo a Internet y, por ende, la posibilidad de aprender y desarrollar todo tipo de conocimientos gracias a la tecnología. El derecho al acceso a la inteligencia artificial es tan fundamental como el derecho a la educación, ya que es la base para otros derechos humanos. La inteligencia artificial nos proporcionará las habilidades, el conocimiento y la comprensión necesarios para participar plenamente en la vida cívica y económica y nos empoderará para tomar decisiones informadas sobre nuestras vidas, salud, derechos y comunidades. Nos proporcionará habilidades académicas y profesionales, contribuyendo al desarrollo moral y ético de cada individuo. Ayudará a la reducción de desigualdades y brindará igualdad de oportunidades.
Se argumenta que la inteligencia artificial podría ser utilizada para propagar desinformación y fake news. Sin embargo, la desinformación no es un fenómeno nuevo en absoluto. Lo que sí cambia es que ahora podemos usar la inteligencia artificial para que, incansablemente, revise la información a las que estamos expuestos y valide su veracidad: ¿es este titular adecuado para el contenido de la noticia o es tendencioso?, ¿está basada en hechos comprobables o son invenciones?, ¿oculta la información relevante?, etc. Un agente basado en inteligencia artificial podría acompañarnos para hacer todas estas validaciones, que conllevan un esfuerzo que, de forma individual, no tendríamos ni tiempo ni ganas de hacer, agregando un contexto crítico a la información a la que consumimos. La consideración de la inteligencia artificial como un nuevo derecho fundamental es un debate que la sociedad debe abordar sin demora.
*Gonzalo Ruiz de Villa Suárez, director de Tecnología (CTO) de GFT
