La larga espera por la igualdad en América Latina

Si el ritmo de progreso actual en el mundo se mantiene, necesitaremos casi 300 años para eliminar todas las leyes discriminatorias y 140 años para lograr la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo.

A principios de la década de 1960, la cantante americana Lesley Gore lanzaba You don’t own me (No eres mi dueño), una de las primeras canciones en reivindicar la independencia de la mujer que alcanzaba el éxito comercial (fue número 2 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos, detrás de I want to hold your Hand de The Beatles). En la década de 1970, I Will Survive, de Gloria Gaynor, se convirtió en un himno del empoderamiento femenino que ha sido interpretado por muchas mujeres como una canción de autodeterminación y resistencia. Desde entonces (incluso antes en el caso de la copla española), han sido muchas las cantantes que han utilizado sus letras para reivindicar su lugar.

Sin embargo, si repasamos los avances de la igualdad de género a nivel mundial, la aguja se ha movido más o menos en función de dónde pongamos el dedo sobre el mapa. Según ONU Mujeres, de mantenerse el ritmo de progreso actual en el mundo, se necesitarían casi 300 años para eliminar todas las leyes discriminatorias y 140 años para lograr la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo. En América Latina, si bien se ha avanzado de manera notable en el reconocimiento legal de la igualdad, así como en la presencia de mujeres en las instituciones políticas y judiciales, queda un trecho para que esa igualdad sea real y contribuya a un desarrollo sostenible para todas y todos.

Hace unos días se celebraba en México el foro Mujeres de América por los derechos y el bienestar, organizado por PRISA, El País, ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México. Una veintena de destacadas responsables políticas, como la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, junto a otras juristas y directivas de organizaciones internacionales y del sector privado, tomaban la temperatura de la igualdad de género en la región, que sigue siendo preocupante.

Los datos resultan reveladores. Por cada 100 hombres en situación de pobreza hay 116 mujeres, lo que evidencia una feminización de la pobreza (CEPAL). Dedican un 20% de su tiempo a labores del cuidado frente al 7,5% de los hombres, casi un 30% no tiene ingresos propios (CEPAL, 2022), más de un 50% no tiene cuenta bancaria y menos del 10% tiene acceso a créditos (Banco Mundial). Las mujeres ocupan menos del 15% de los cargos directivos, son dueñas de apenas el 14% de las empresas, y el 40% no tiene acceso a Internet (BID).

Entre las transformaciones que debe impulsar América Latina para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, destaca la necesidad de una redistribución equitativa de las tareas de cuidado, corazón de la desigualdad de género. Y redistribuir implica repartir equitativamente el cuidado entre toda la sociedad, no solo entre hombres y mujeres, sino también definir qué servicios debe asumir el Estado y el mercado. En este sentido, Sheinbaum declaró: “Luchamos por incorporar a las mujeres en todas las esferas de la vida pública y a los hombres en todas las esferas de la vida privada”.

Más difícil lo tienen las mujeres indígenas y afrodescendientes, invisibilizadas, a pesar de que su peso en la región, donde hay 26 millones de mujeres indígenas. Márquez, primera mujer afro que llega al cargo de vicepresidenta de Colombia, relató su propia experiencia: “Los ataques hacia mí no son solo por lo que propongo, sino por lo que represento, cómo me visto, cómo me expreso, cómo me comporto. Esos ataques y agresiones clasistas y racistas son una profunda crítica a la interseccionalidad de raza, clase y género”.

América Latina es la región más violenta del mundo para las mujeres. En 2022 se contabilizaron 4.477 feminicidios. Para la fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy, “no hay mejor prevención que acabar con la impunidad del agresor”. Reducir la impunidad, conseguir que las mujeres tengan independencia económica para salir de situaciones de maltrato en el hogar, y educar en valores son medidas clave para luchar contra la violencia de género.

La educación de calidad, inclusiva y equitativa es otra de las transformaciones necesarias en la región. Una palanca imprescindible para formar a niños y niñas desde edad temprana en la igualdad de género y provocar un verdadero cambio cultural. Igualmente necesaria es la formación a mujeres adultas para que puedan acceder al mercado laboral remunerado más allá del trabajo doméstico, así como la necesidad de formar en igualdad y equidad dentro de las empresas, donde muchas veces se ejerce discriminación por razón de género.

Otro aspecto esencial es el acceso de las mujeres a la tecnología, claramente infrarrepresentadas en su creación, uso y regulación. Según la ONU, en América Latina el 40% de las mujeres no tiene acceso a Internet o no puede pagarlo, es menos probable que emprendan carreras tecnológicas y más, que sufran violencia y acoso en línea. Y el menor acceso de la mujer a la economía digital supone una pérdida del PIB de los países. En los últimos 10 años, los países de renta baja y media han perdido 1 billón de dólares de su PIB por excluir a las mujeres del mundo digital, que podría aumentar hasta 1,5 billones de dólares en 2025 si no se toman medidas (The Gender Snapshot, UN).

Avanzar en la igualdad supone cerrar todas las brechas en materia de acceso y competencias digitales, apoyar a las mujeres y las niñas en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), crear tecnologías que satisfagan sus necesidades, así como acabar con la violencia de género facilitada por la propia tecnología. El mundo necesita más ciencia y la ciencia necesita a las mujeres y a las niñas.

Un punto importante del foro fue la reflexión sobre el papel de la mujer en la Agenda 2030, donde se destacó que, sin el reconocimiento de sus derechos y la plena consecución del ODS 5 (Igualdad de género), es imposible que haya desarrollo sostenible. La participación de la mujer en la toma de decisiones medioambientales y en los grandes foros sobre el cambio climático (como las COP) es mínima, a pesar de sufrir de manera más virulenta sus consecuencias y de tener 14 veces más posibilidades que los hombres de perder la vida ante un desastre natural (ONU). Por tanto, se reclamó un enfoque integrado (recursos naturales, género y sistema productivo) que permita una transición justa hacia una economía más verde e inclusiva, que aumente la participación y resiliencia de las mujeres y las niñas.

Finamente se abordó el rol de los medios de comunicación para incentivar narrativas que desmonten los estereotipos de género y den mayor visibilidad a las mujeres, especialmente a indígenas y afrodescendientes, poco representadas en la prensa en general. También de la necesidad de luchar contra el sensacionalismo y las campañas de desinformación contra las mujeres, que normalizan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Los medios rigurosos y de calidad desempeñan un papel fundamental para concienciar y sensibilizar a la opinión pública sobre los grandes retos sociales y medioambientales, con una perspectiva también de género. Y esto supone informar con rigor sobre los avances y conquistas que se han producido, pero también poner el acento en aquellos aspectos donde la desigualdad y falta de oportunidades siguen enquistados y, por tanto, suponen un freno al desarrollo sostenible.

*Rosa María Junquera es directora de Sostenibilidad de Grupo PRISA

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