Hoy finaliza la consulta pública que abrió la Comisión Europea el 23 de febrero, sobre “el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y su infraestructura”. Y da la sensación de que, aunque es un importante asunto (que afecta no sólo al sector de las telecomunicaciones y al de los contenidos, sino también a los usuarios de ambos), será un debate que pase desapercibido.
Es más, un observador atento a los movimientos y argumentos de unos y otros (de las operadoras de telecomunicaciones y de los proveedores de contenidos, de la Comisión Europea y de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE) diría que es un partido que se quiere jugar y ganar en los despachos de Bruselas y no en el terreno de juego de la opinión pública, porque ésta ni se ha enterado.
El presente artículo es un intento de explicar este asunto de forma pedagógica, porque a muchos les puede sonar a ‘chino’ o, aún peor, a algo aburrido y ajeno: una típica pelea entre dos sectores (los productores o difusores de contenidos y las redes electrónicas por las que se distribuyen ) condenados a entenderse, como los fabricantes de coches con las redes de concesionarios.
REAL TELCOS CONTRA CONTENIDOS F. C.
Como “si te lo explican con fútbol, lo entiendes”, comparemos el asunto con un partido de fútbol entre un equipo europeo y un equipo de fuera de Europa: Real Telecos contra Contenidos F. C. (como la copa intercontinental de clubes), pero con la particularidad de que no sólo se juega en Europa, con las normas europeas, sino que el árbitro es también europeo y, digámoslo, un poco ‘casero’.
El árbitro del partido es el Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, el francés Thierry Breton, que, ‘curiosamente’, fue presidente y director ejecutivo de France Telecom entre 2002 y 2005, y presidente honorario desde entonces. Por lo que, para empezar, no da la sensación de que vaya a realizar un arbitraje muy neutral y, en otros ámbitos, podría ser una causa suficiente de inhibición o recusación.
Es decir, parece que hay que aprovechar, a toda costa, que la Comisaría europea que ha impulsado la consulta pública y que va a proponer la regulación del tema (Propuesta de Ley de Infraestructura Gigabit) la ocupe “uno de los nuestros”, porque queda un año de legislatura europea (las próximas elecciones europeas serán en mayo/junio de 2024) y no se sabe quién ocupará ese puesto después.
LA ‘TELCO TAX’ VS. LA TASA RVTE
Uno de los aspectos del debate que, personalmente, más me llama la atención son los términos en los que se plantea, porque ya sabemos que las palabras no son neutrales y todos contamos la feria como queremos que nos vaya en ella. Por eso no es casual que las telecos hablen de ‘contribución justa’ (fair share), porque así se produce el ‘efecto de anclaje’ o ‘sesgo cognitivo’ en el interlocutor.
Obviamente, la otra parte prefiere hablar de un ‘impuesto’ o un ‘peaje’ (telco tax, network tax o entertainment tax) y, con distintos argumentos, intenta demostrar que una ‘tasa por el tráfico’ de Internet no tiene ninguna base justa o equitativa. “Un aumento en el volumen del tráfico no conduce directamente a un incremento significativo de costes, en comparación con el coste total de las redes”, dicen desde el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC).
En todo caso, desde el punto de vista de la justicia y la equidad, no parece decisivo lo que una de las partes en disputa diga que algo es justo o equitativo. ¿Qué va a decir? Será, en última instancia, un juez el que lo determine. Pero es curioso que, en este caso, para las telecos, la ‘contribución’ de un sector a otro sea justa y en el caso de la ‘tasa RTVE’ sea un ‘impuesto revolucionario’.
LA NEUTRALIDAD DE LA RED
De entre todos los argumentos que se manejan, en apoyo a una y otra postura, hay uno que sobresale por encima de los demás y del que se deducen otros: el principio de neutralidad de la red o de una Internet abierta, consagrado en el Artículo 3 del Reglamento Europeo del 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta.
En él se dice: “Los proveedores de servicios de acceso a Internet tratarán todo el tráfico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a Internet, sin discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado”.
Dicen las telecos que la neutralidad de la red y la contribución justa no son incompatibles, sino, al contrario, son “una pareja bien avenida”. Sin embargo, sus esfuerzos argumentativos e interpretativos, más bien, indican lo contrario, cuando el tenor literal del citado artículo dice: “las medidas razonables de gestión del tráfico no podrán ser discriminatorias ni basarse en consideraciones comerciales”.
MINUTO Y RESULTADO
Aunque para muchos la decisión ya está tomada y la consulta pública en marcha es un mero paripé, lo cierto es que hay partido, y la cuestión no es en absoluto pacífica entre los Estados miembros de la Unión. Aunque hay que reconocer que la postura de las telecos cuenta con el apoyo del Gobierno francés y el español y tendrá a su favor al comisario Breton y a la Presidencia española de la UE.
En julio de 2022, siete países de la UE (Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Irlanda, Dinamarca y Países Bajos) dirigieron una carta a la Comisión Europea pidiendo prudencia y un debate abierto y transparente para valorar cualquier cambio regulatorio que pudiera afectar a la actual relación entre los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos… y a los consumidores.
También se ha pronunciado en el mismo sentido, como vimos, el BEREC y la Organización Europea de Consumidores, y aparte, obviamente, la Asociación de Servicios Comerciales de Televisión y Video Bajo Demanda en Europa. Veremos cómo acaba la cosa. Todavía queda mucho partido.
*Borja Adsuara es doctor en Filosofía del Derecho. Profesor, abogado y consultor, experto en derecho, estrategia y comunicación cigital. Ponente de la Carta española de Derechos Digitales y divulgador en medios y redes sociales.
