El desarrollo tecnológico y la evolución de herramientas como la inteligencia artificial suponen un gran reto para las instituciones europeas. Cualquier normativa en este campo lleva siempre aparejado un debate similar. De un lado, legislar para potenciar la innovación y el crecimiento; del otro, la responsabilidad de sopesar los impactos de esa tecnología. Y, mientras todo este proceso normativo, necesario y meticuloso por naturaleza se sucede, la tecnología sigue avanzando a una velocidad indudablemente superior.
España asume durante estos meses de Presidencia del Consejo de la Unión Europea la labor de liderar importantes conversaciones en un momento clave en el que Europa busca posicionarse con mayor firmeza y autonomía en el escenario geopolítico y geoeconómico. Por ello, debe aprovechar la oportunidad de impulsar normativas flexibles y con visión de futuro. Normativas que, con los derechos de los europeos en el centro, no coarten la innovación y los desarrollos tecnológicos y socioeconómicos que se deriven de ellos.
Tres son los grandes debates regulatorios que estos meses deben centrar las conversaciones sobre el presente y el futuro de Europa y su sector digital: el reglamento de la inteligencia artificial (IA), la neutralidad de la Red y el reglamento de anuncios políticos.
La inteligencia artificial posee un potencial a la altura de las grandes revoluciones del pasado. La capacidad que tenga Europa de desplegar sus aplicaciones es, probablemente, el factor que más defina su competitividad en la próxima década. Esto requiere una regulación responsable, pero también una visión más amplia del liderazgo tecnológico que dé prioridad a nuevas vías de estimular la innovación en el sector privado. Todo, facilitando su despliegue de forma segura, ética y acorde a los valores de la Unión Europea, sin dejar a nadie atrás.
El reglamento de inteligencia artificial, que está ya en la fase final de los trílogos, es fundamental. es una herramienta demasiado importante como para no ser regulada y, para ello, no es necesario ni aporta ningún beneficio crear una norma desde cero. Si el objetivo es regular determinados riesgos que presenta el mal uso de una herramienta, tomar como base diferentes reglamentos que ya cubren usos fraudulentos de la IA puede ser la opción más eficaz.
La norma debe aportar seguridad y protección a los usuarios y, a su vez, ser un apoyo en la evolución de la herramienta, la innovación empresarial y el desarrollo científico y académico. Para lograrlo, la unificación de criterios y coordinación entre países es fundamental. Tanto para los usuarios, que no entenderían que una herramienta global tuviera diferentes niveles de protección y de límites de uso en función del lugar en el que se encuentren, como para las empresas, que ven en muchas ocasiones cómo la diferencia en normativa es un obstáculo para la innovación y el desarrollo de su negocio.
Otro elemento clave en el futuro digital de la Unión Europea, relativo a la neutralidad de la red, es el debate sobre la contribución que las empresas de telecomunicaciones quieren imponer a las compañías generadoras de contenido: la llamada Network Tax. No hay evidencia de que este sistema vaya a ayudar a hacer de Internet un lugar más libre, más bien lo contrario.
Corea del Sur es el único país que lo ha introducido y ha visto reducida la diversidad de contenidos online y empeorando la conexión. Esta carga impositiva afectaría directamente a los usuarios: menos opciones, servicios de menor calidad y precios más altos y, por otro lado, no debemos olvidar que una gran parte del tráfico de Internet está relacionado con los espacios de almacenamiento en la nube que dan cobertura a pymes. Limitar la posibilidad de elección, cantidad de contenido online y añadir nuevos gastos a pequeñas empresas no parece la mejor idea.
Internet funciona con relaciones de interdependencia: si no existieran los contenidos, ningún usuario contrataría servicios de telecomunicaciones. Las empresas que generan contenidos, además, ya participan en la financiación y mantenimiento de la red. Ejemplo de ello es la gran inversión realizada en Europa: entre 2018 y 2021, los proveedores de contenido y aplicaciones aumentaron su inversión en infraestructuras en más de un 50%, llegando hasta los 120.000 millones de euros anuales. Hagamos del diálogo y la cooperación continua las herramientas para solucionar los problemas existentes en un sector ya de por sí sobrerregulado.
La tercera oportunidad que tiene la Presidencia española para facilitar una regulación digital responsable y equilibrada tiene que ver con la publicidad de contenido político en Internet. El enfoque que se le dé a la norma es clave para lograr los objetivos marcados, ya que una mala articulación de la misma podría crear una ambigüedad que impida que la norma cumpla sus objetivos, mientras que un texto extremadamente restrictivo chocaría frontalmente con la libertad de expresión, elemento fundamental en una democracia plena como la que defiende Europa.
A través del debate sobre estos tres puntos clave, durante los próximos meses la coordinación y cooperación entre empresas y organismos gubernamentales a nivel europeo serán vitales para ofrecer certezas a la ciudadanía y al sector privado. En juego está ofrecer la estabilidad necesaria para un desarrollo flexible y responsable del entorno digital, cambiante y en constante evolución. Gracias a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, España tiene una gran oportunidad para mediar, dirigir y guiar al resto de los 27 y tejer alianzas que le permitan situarse como referencia digital y polo de innovación.
*Miguel Escassi es director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España.
