La Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU) no solo definió una hoja de ruta para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también nos advertía de que hay una fecha límite para salvar el planeta. Hizo lo mismo el Acuerdo de París (COP21), con el que, por primera vez, los países se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, con el objetivo limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C sobre niveles preindustriales y esforzarse para que incluso solo ronde los 1,5 °C.
Estos compromisos globales de transformación verde y de tratar de revertir la degradación del planeta necesariamente van de la mano de la transformación del mercado de trabajo. La apuesta por el desarrollo sostenible ha movilizado al entramado empresarial, que se está adaptando con velocidad para responder a la fértil producción normativa nacional e internacional, y a una ciudadanía cada vez más concienciada de lo que consume y de las marcas a las que quiere seguir.
Entre el 75 por ciento y el 85 por ciento de las profesiones más demandadas en 2030 aún no existen, según el World Economic Forum. En su último estudio The Future of Jobs Report 2020 prevé que, a medio plazo, casi la mitad de los trabajadores tendrán que cambiar su actividad actual. Y una parte lo hará a empleos relacionados con la economía verde. Pero ¿qué entendemos por economía verde? El programa de la ONU para el Medio Ambiente la define como “aquella que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”.
A finales de 2019 esta economía ya fue responsable de más de medio millón de empleos en España, lo que equivale al 2,5 por ciento de la ocupación total. Una cifra que podría triplicarse en los próximos 10 años, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A nivel mundial la aplicación del Acuerdo de París podría crear una ganancia neta de 18 millones de empleos para 2030.
El mercado laboral está cambiando. Hasta hace unos años, estudiar Ciencias Ambientales era, para muchos, sinónimo de activismo ecológico con limitada proyección profesional. Hoy día, si bien no llega al tirón de las titulaciones tecnológicas, la medicina o administración y dirección de empresas, lo verde gana posiciones entre los reclutadores porque el mercado aún no es capaz de abastecerse: la oferta es menor a la demanda.
También habrá que ver de qué manera los fondos europeos del Plan de Recuperación Next Generation, creados para reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, van a transferirse al modelo productivo. Hace unos días, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificaba de “incuestionable” la lucha contra el cambio climático y la necesidad de impulsar empleos verdes que permitan conseguir un “efecto sustitución” en los empleados, que compense la desaparición inevitable de otros puestos de trabajo menos cualificados por efecto de la digitalización.
Precisamente, la transición justa es el marco de acción propuesto por la OIT y la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, de modo que se logre “maximizar beneficios en la actividad y el empleo, minimizando los impactos negativos de la descarbonización”. En definitiva, se trata de ser capaces de crear un futuro más justo e inclusivo. Por eso, cuando se habla de empleo verde, no solo hay que pensar en preservar el medio ambiente, sino en hacerlo en condiciones decentes, respetando los derechos de los trabajadores y asegurando un salario adecuado.
En el marco del proyecto JOBS 2030 – Futuro del Trabajo, la asociación empresarial de la sostenibilidad Forética acaba de publicar el informe Empleo verde y transición justa en el futuro del trabajo, un punto de reflexión para comprender los riesgos y oportunidades del empleo verde y la transición justa. Realizado por ManpowerGroup, con la colaboración de PRISA y Fundación ONCE, destaca la previsión de empleo de la OIT, que estima que Europa tiene el potencial de crear entre 700.000 y 1.000.000 empleos verdes en los próximos 10 años si se aplica de manera exitosa el Pacto Verde Europeo en todo el territorio de la Unión Europea.
En la actualidad existen alrededor de 4,5 millones de puestos de trabajo vinculados a la economía ambiental, de los que España representa aproximadamente un 9,6 por ciento, situándose como la tercera economía de la zona euro en contribución a los empleos verdes. Esto hace, sin duda, que nuestro país tenga una buena perspectiva de crecimiento y desarrollo en el contexto de la economía verde en comparación con otros países a nivel europeo.
FORMACIÓN, MEJORES SALARIOS Y MÁS IGUALDAD
En España, la gestión y el tratamiento de residuos y las energías renovables son los dos motores que impulsan la economía verde en nuestro país, con el 47 por ciento del total. Les siguen la depuración de aguas residuales, la agricultura y ganadería ecológicas, la gestión forestal sostenible y las actividades del sector público basadas en el cumplimiento normativo y la educación ambiental. Sin olvidar el transporte eléctrico, sector responsable de más del 30 por ciento de las emisiones de CO2 de la Unión Europea.
Sin embargo, la escasez de trabajadores cualificados provoca un importante cuello de botella en sectores como la energía renovable y la eficiencia energética. 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar los profesionales que necesitan, según el estudio Manpower de Proyección de Empleo. Esta demanda creciente de competencias verdes exige capacitar a los trabajadores y mejorar sus salarios para hacer más atractiva la transición y reducir los incentivos para quedarse en ocupaciones más contaminantes. Según el FMI, los trabajadores ganan alrededor de 7 por ciento más en sectores con intensidad ecológica que en sectores con intensidad contaminante.
La transición verde va a ocupar un lugar central en la recuperación de la economía española, y una buena readaptación del contexto laboral será clave en su éxito. Tenemos que dar respuesta a la demanda de perfiles técnicos que cubran las nuevas posiciones verdes, promoviendo conocimientos y habilidades. En este sentido, la formación profesional dual gana terreno para sectores clave como la eficiencia energética, energía solar y térmica.
Pero, a la vez que formamos, es obligado incorporar retos sociales, como contribuir a eliminar la brecha salarial, el techo de cristal y la alta concentración de mujeres en puestos de trabajo de baja cualificación y menor remuneración, incorporar la discapacidad y aunar el talento sénior y júnior. Solo así la fuerza laboral se convertirá en la palanca central de la transición hacia una economía sostenible y justa.
*Rosa Junquera es directora de Sostenibilidad de PRISA.